A veces, según se dice, “el que más mira menos ve”. Por concentrar demasiado la atención en un punto, deja desatendidos los demás. Ni los ojos grandes ven más que los pequeños, ni las orejas grandes oyen más que las chicas. El diálogo de Caperucita y la falsa abuela que es el lobo está empedrado de esta clase de sofismas. La falsa abuela le dice a Caperucita (quien la encuentra algo rara) que los ojos grandes que tiene ella, la presunta abuela, son ‘para verla mejor’. Y las orejas grandes, ‘para oírla mejor’. No es cierto. A veces, a mayor oreja corresponde mayor sordera.
Y esto es particularmente verdadero si se trata de esa especie de sordera que podríamos llamar ‘sordera democrática’. No hay peor sordera que la del que no quiere oír. Hoy día asistimos en política a muchos debates en los que se entablan discusiones a propósito de temas políticos entre participantes de distinta ideología. Suelen ser diálogos de sordos, de esos que, precisamente, ‘no quieren oír’, porque ya tienen formada su opinión en un determinado sentido. Diálogos de antemano destinados al fracaso.
En España vivimos una contradicción, desde tiempo inmemorial, que la Memoria Histórica quiere ahora poner en claro. Esa contradicción se hizo especialmente funesta con el franquismo. Ahí comenzó a tergiversarse la verdad para blanquear todo lo negro, (el franquismo, propiamente, trató de ‘hacer lo blanco negro’, y viceversa) Así al golpe de Estado se le llamó Glorioso Alzamiento Nacional, desde el estamento civil, y Cruzada, desde el estamento religioso. Hasta tal punto se creyeron legitimados los rebeldes, que trasladaron la acusación de rebelión a las víctimas de su propia rebeldía, la de los sublevados contra el sistema, legalmente constituido, de la República. Y dieron visos de 'salvación' a lo que, en realidad, fue 'ruina' de la patria.
El lenguaje se tergiversó al arbitrio del vencedor. Y las leyes se adecuaron a los efectos de consolidar un sistema inicuo, que desprotegía a los vencidos y, prácticamente, los dejaba huérfanos de derechos. La llamada Causa General puede darnos una idea de lo que aquí queremos reflejar. Durante muchos años los vencidos y sus inmediatos descendientes no tuvieron ni voz ni voto. Tras la muerte del dictador y la puesta en marcha de esa andadura que se denominó la Transición, los ‘sometidos’ procuraron cubrirse las espaldas, de la todavía amenazante ‘espada de Damocles’ del franquismo; y a ese fin se encaminó la llamada Ley de Amnistía, que ahora se quiere ‘utilizar’ para un fin que nunca antes le habían reconocido los herederos del franquismo: el de garantizar la impunidad de los propios crímenes. Aquel modesto paraguas para pobres trataba de ser una contramedida legal contra unas medidas ilegales, todavía no derogadas, que dejaban jurídicamente ‘con el culo al aire’ a los que provenían de la causa de los vencidos. Sólo contemplaba, según se ha informado en alguna entrada anterior, casos en los que aún cabía proceder judicialmente contra los vencidos. Esa ley no debería haber sido promulgada, si nuestra incipiente y valetudinaria democracia hubiera comenzado su andadura como es debido: derogando todas las leyes inicuas promulgadas por el franquismo, ya que nunca provinieron del Estado de Derecho.
Hasta tal punto es humilde la posición de quienes tuvieron que proveerse de una ley que les protegiera de eventuales abusos por parte de los que seguían manejando el cotarro, que hubo que arbitrar un recurso legal, una ley que garantizara el derecho de los vencidos a no seguir siendo perseguidos, potencialmente, por unas leyes impuestas por la dictadura que aún no habían sido derogadas. Y lo que es más grave, a fecha de hoy aún seguimos procediendo humildemente, sin exigir lo que legalmente está de nuestro lado y nos reconoce esa democracia que se supone que ya está vigente en este país. Recientemente se ha suscitado un movimiento de rechazo por Internet, en protesta contra la decisión del Tribunal Supremo de imputar al juez Garzón por delito de prevaricación. Bueno, pues el lema de ese movimiento de apoyo al juez Garzón se enuncia así: Investigar los crímenes del franquismo NO es delito. Creo que hubiera sido más propio de una democracia que merezca el nombre de tal el haber planteado la tesis desplazando el adverbio de negación NO al comienzo de la frase: NO investigar los crímenes del franquismo es delito (sobreentendido: en una democracia que merezca el nombre de tal)
Una democracia inviable, por defecto de forma, en la que un partido político, tras haber condenado el franquismo (en virtud de su incompatibilidad esencial con la democracia) se vuelve atrás por boca de su representante en el Parlamento Europeo, y no se reafirma en esa condena, sobre todo por llevar la contraria al rival político. Si es, además, porque en el fondo piensan que el franquismo no es condenable, hay que poner en entredicho la validez de su talante democrático
¿Qué confianza puede inspirar en el ciudadano medio un partido que se empeña en la no condena de la dictadura?
Y esto es particularmente verdadero si se trata de esa especie de sordera que podríamos llamar ‘sordera democrática’. No hay peor sordera que la del que no quiere oír. Hoy día asistimos en política a muchos debates en los que se entablan discusiones a propósito de temas políticos entre participantes de distinta ideología. Suelen ser diálogos de sordos, de esos que, precisamente, ‘no quieren oír’, porque ya tienen formada su opinión en un determinado sentido. Diálogos de antemano destinados al fracaso.
En España vivimos una contradicción, desde tiempo inmemorial, que la Memoria Histórica quiere ahora poner en claro. Esa contradicción se hizo especialmente funesta con el franquismo. Ahí comenzó a tergiversarse la verdad para blanquear todo lo negro, (el franquismo, propiamente, trató de ‘hacer lo blanco negro’, y viceversa) Así al golpe de Estado se le llamó Glorioso Alzamiento Nacional, desde el estamento civil, y Cruzada, desde el estamento religioso. Hasta tal punto se creyeron legitimados los rebeldes, que trasladaron la acusación de rebelión a las víctimas de su propia rebeldía, la de los sublevados contra el sistema, legalmente constituido, de la República. Y dieron visos de 'salvación' a lo que, en realidad, fue 'ruina' de la patria.
El lenguaje se tergiversó al arbitrio del vencedor. Y las leyes se adecuaron a los efectos de consolidar un sistema inicuo, que desprotegía a los vencidos y, prácticamente, los dejaba huérfanos de derechos. La llamada Causa General puede darnos una idea de lo que aquí queremos reflejar. Durante muchos años los vencidos y sus inmediatos descendientes no tuvieron ni voz ni voto. Tras la muerte del dictador y la puesta en marcha de esa andadura que se denominó la Transición, los ‘sometidos’ procuraron cubrirse las espaldas, de la todavía amenazante ‘espada de Damocles’ del franquismo; y a ese fin se encaminó la llamada Ley de Amnistía, que ahora se quiere ‘utilizar’ para un fin que nunca antes le habían reconocido los herederos del franquismo: el de garantizar la impunidad de los propios crímenes. Aquel modesto paraguas para pobres trataba de ser una contramedida legal contra unas medidas ilegales, todavía no derogadas, que dejaban jurídicamente ‘con el culo al aire’ a los que provenían de la causa de los vencidos. Sólo contemplaba, según se ha informado en alguna entrada anterior, casos en los que aún cabía proceder judicialmente contra los vencidos. Esa ley no debería haber sido promulgada, si nuestra incipiente y valetudinaria democracia hubiera comenzado su andadura como es debido: derogando todas las leyes inicuas promulgadas por el franquismo, ya que nunca provinieron del Estado de Derecho.
Hasta tal punto es humilde la posición de quienes tuvieron que proveerse de una ley que les protegiera de eventuales abusos por parte de los que seguían manejando el cotarro, que hubo que arbitrar un recurso legal, una ley que garantizara el derecho de los vencidos a no seguir siendo perseguidos, potencialmente, por unas leyes impuestas por la dictadura que aún no habían sido derogadas. Y lo que es más grave, a fecha de hoy aún seguimos procediendo humildemente, sin exigir lo que legalmente está de nuestro lado y nos reconoce esa democracia que se supone que ya está vigente en este país. Recientemente se ha suscitado un movimiento de rechazo por Internet, en protesta contra la decisión del Tribunal Supremo de imputar al juez Garzón por delito de prevaricación. Bueno, pues el lema de ese movimiento de apoyo al juez Garzón se enuncia así: Investigar los crímenes del franquismo NO es delito. Creo que hubiera sido más propio de una democracia que merezca el nombre de tal el haber planteado la tesis desplazando el adverbio de negación NO al comienzo de la frase: NO investigar los crímenes del franquismo es delito (sobreentendido: en una democracia que merezca el nombre de tal)
Una democracia inviable, por defecto de forma, en la que un partido político, tras haber condenado el franquismo (en virtud de su incompatibilidad esencial con la democracia) se vuelve atrás por boca de su representante en el Parlamento Europeo, y no se reafirma en esa condena, sobre todo por llevar la contraria al rival político. Si es, además, porque en el fondo piensan que el franquismo no es condenable, hay que poner en entredicho la validez de su talante democrático
¿Qué confianza puede inspirar en el ciudadano medio un partido que se empeña en la no condena de la dictadura?